El problema de la vivienda social en Perú sigue siendo un tema investigado y debatido, pero no resuelto.
La migración del campo a las ciudades ha dado origen a diversos asentamientos informales e irregulares, situados a las afueras o zonas periurbanas de las ciudades, que, dotados de servicios e infraestructura, funcionan como polos de atracción para quienes buscan una mejor calidad de vida. Existen diversos programas y agentes económicos que evalúan y proponer soluciones a la vivienda social digna, típicamente mediante la edificación sobre un terreno asignado de forma horizontal o vertical. Pese a las propuestas de vivienda social, el país no ha logrado generar las condiciones laborales ni cuenta con la educación óptima para mejorar el desarrollo económico de los habitantes, condenándolos a subsistir en la informalidad económica y urbana. A pesar de la oferta inmobiliaria que ofrece el mercado, para muchas familias, el bajo salario impide no solo el ahorro, sino también afecta inexorablemente el acceso al crédito, haciéndoles imposible la compra o alquiler de una vivienda digna.
Existen diversos problemas que deben de ser atendidos cuando nos referimos a vivienda social, entre ellos podemos señalar a factores económicos, financieros, urbanos, arquitectónicos, políticos y sociales. Para estos efectos, el actual enfoque de vivienda social se encuentra referido a aquel producto inmobiliario que es comercializado con la principal finalidad de generar márgenes de rentabilidad a las desarrolladoras inmobiliarias, desarrollados en grandes extensiones de terreno en las zonas de expansión urbana, zonas que, precisamente por ser zonas de expansión, carecen de muchas características que permitirían un mejor desarrollo de los ciudadanos. Nos referimos a la poca conectividad con la ciudad central, haciendo de difícil acceso a los servicios y equipamientos adicionales a los servicios de saneamiento básicos, relegando aspectos como el acceso a la educación de calidad, a los centros de trabajo y servicios de salud. No pocos proyectos de urbanizaciones sociales no cuentan como una adecuada conectividad, ni identidad de pertenencia a la gran ciudad, generando así un problema social. Este hecho, por sí solo, no sería un problema si se lograra contar con servicios de forma descentralizada, pero lo cierto es que no contamos con un sistema con tales características, por lo menos no actualmente.
La vivienda social es un paradigma en el que diversos agentes deben ponerse de acuerdo para atacar el problema y ejecutar una propuesta más adecuada.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (“MVCS”) manejan los programas de vivienda y asigna presupuestos que por lo general se encuentran centralizados en la problemática y solución de los escenarios de la capital, Lima, y no se adecuan las realidades de cada región.
Somos de la opinión que para que los programas de vivienda puedan desarrollarse de manera óptima es necesario que en buena medida se descentralicen las prioridades de programas de vivienda de la capital. Por otro lado, resultaría beneficioso que el MVCS pueda difundir y promover el uso de los nuevos sistemas constructivos, los mismos que podrían disminuir el costo y tiempo de construcción de las viviendas. La adopción de nuevos procesos constructivos viene teniendo muy buenos resultados en otros países. Asimismo, no podemos dejar de señalar la necesidad de contar con estudios promovidos desde la esfera pública de aquellos sistemas constructivos que pueden ser aún más trascendentes para las familias vulnerables frente al típico casco de ladrillo y concreto a un precio inasequible. Por ejemplo, otros sistemas alternativos de construcción son de materiales prefabricados.
Para atacar el punto de la promoción de otros sistemas constructivos, el Gobierno Central lanza a concurso la conceptualización de la vivienda social en las diferentes regiones del país, sin embargo, esto ha quedado solamente en un intercambio de ideas, por cuando las propuestas de vivienda elaboradas por los profesionales del ámbito de la arquitectura e ingeniería no han sido adecuadamente difundidas, haciendo que todo avance logrado disminuya sus efectos, si no es que son neutralizados completamente, entrando a un círculo vicioso que otorga pocos incentivos en continuar con un proceso de continua mejora.
Los Gobiernos Locales pasados no han brindado la importancia debida a las políticas y los planes de desarrollo urbano, teniendo como consecuencia que las personas se ubiquen en zonas que no son aptas para la construcción de viviendas.
En no pocas oportunidades, los Gobiernos Locales no cuentan un equipo de profesionales que dominen los temas de investigación y desarrollo humano, resultándoles esquivo el entendimiento de las necesidades inmediatas de la población vulnerable de la periferia, así como el perjuicio generado a largo plazo a la propia comunidad y a la economía en su conjunto. De esta forma, año tras año se generan diversos planes o proyectos de ley que no llegan a ningún consenso y, mientras estas siguen en agenda de discusión, el tiempo pasa, la realidad evoluciona y los problemas aumentan dejando inservibles los estudios y planes realizados. En este contexto, es necesario contar con mecanismos de retroalimentación y actualización de los datos entre los Gobiernos Locales y la población, que permitan entender cuáles son las necesidades a las que hay que atender y que son contantemente cambiantes. No basta entonces con cumplir ciertas labores de gobernación y delegar otras funciones. Resulta impostergable prestar atención a la población desde diversos ámbitos, vivienda digna, salud, educación, así como brindar espacios para la generación de trabajos que favorezcan una adecuada calidad de vida. Qué duda cabe que ello, además, brindará importantes réditos políticos logrando un círculo virtuoso del que solamente podemos esperar mejorar cada año. Para que los convenios entre los Gobiernos Locales y la empresa privada funcionen es necesario generar conciencia entre profesionales, escuelas profesionales, funcionarios, estudiantes universitarios y la población vulnerable de los problemas a los que nos enfrentamos, definir los objetivos a mediano y largo plazo, y establecer un adecuado plan de acción que sea no solo efectivo, sino también eficiente con los recursos. Para ello, es importante contar con un adecuado asesoramiento de profesionales e investigadores en la materia para dirigir las propuestas de intervención social.
Las familias situadas en la periferia urbana atraviesan diversos problemas de salud, educación, económicos y de exclusión social debido a las circunstancias que los conllevan a no tener una buena calidad de vida.
La idiosincrasia peruana no es muy distinta de la de la región. La propiedad predial es para la gran mayoría de personas un el evento más importante de la vida. Así, en el afán de poseer un pedazo de terreno, se construyen viviendas precarias al no contar con conocimientos adecuados de construcción y habitabilidad de vivienda. Debido a ello se generan “bombas de tiempo” que ponen poniendo en riesgo la salud física y mental de sus habitantes, cuando no la propia vida. Lamentablemente, cada cierto tiempo somos testigos de eventos que, en buena medida, podemos atribuir a la situación de precariedad en las que viven muchos de nuestros conciudadanos.
En nuestro medio, las afueras de las ciudades o áreas de expansión urbana se encuentran cerca a quebradas, zonas de suelo no apto para construcciones y zonas contaminadas o de desmontes.
Si bien resulta innegable la dificultad de reubicar a gran cantidad de familias informales sobre un suelo ajeno (privado o público) y convencer a los gobernantes de la necesidad de realizarlo, es práctica común el otorgar títulos de propiedad para vivienda en zonas no aptas para dichos fines. Por ello, es menester difundir y educar a la población sobre el crecimiento de las ciudades, los riesgos que son asumidos, así como los beneficios de contar con un planeamiento adecuado.
La población debe entender que los planes de ordenación urbana, y las consecuentes órdenes gubernamentales sobre las zonas permitidas del crecimiento urbano, son brindados en función de criterios de seguridad además de seguir un orden para la planificación y ejecución óptima de los servicios básicos y equipamientos de infraestructura que redundarán en su propio beneficio. De esta forma, mantener a la población informada y consiente sobre los riesgos de la ocupación informal y beneficios de acatar una planificación profesional ante sus necesidades de manera ordenada, nos permitirá una mejora en su calidad de vida, habitabilidad de sus viviendas y desarrollo urbano.
Las empresas desarrolladoras, constructoras e inmobiliarias no cuentan con incentivos suficientes para colaborar con la solución del problema de vivienda en el Perú. Ciertamente existen importantes procesos encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos (los programas Fondo Mi Vivienda y Techo Propio dan muestra de ello). Sin embargo, creemos que todavía no existe un consenso de todas las entidades del Estado para crear viviendas a un precio asequible para las familias de bajos recursos, lo cual se constata con normativa desorganizada y no uniforme. Debemos de tener en cuenta que el desarrollo inmobiliario por parte de los privados es un negocio y, como tal, el fin es obtener rentabilidad; sin embargo, creemos que el desarrollo del país es tarea de todos y existen oportunidades para que ambos objetivos puedan ir de la mano. Así, el aprovechamiento de la experiencia adquirida en costos, tiempos y sistemas constructivos puede resultar una gran herramienta para así llevar a cabo grandes proyectos de ayuda humanitaria en el ámbito de vivienda social, trabajando de la mano el sector público y privado.
¿Y si las constructoras e inmobiliarias tuvieran incentivos? ¿Y si aplicamos mecanismos de tipo “obra por impuestos” a la vivienda social?
La vivienda es el principal activo de toda familia, al punto de ser considerada una necesidad básica, esta determina el bienestar y las posibilidades de desarrollo de las familias peruanas en todo el país. Contar con una vivienda adecuada en un entorno o urbe planificada que dota de los servicios básicos y equipamiento de infraestructura no solo disminuye el riesgo ante enfermedades, inseguridad social, mejora de los niveles educativos y bienestar general de la probación, sino que también generan conciencia sobre la vida e identidad de pertenencia de las personas a las ciudades. El trabajo en equipo y compromiso del ministerio de vivienda, los Gobiernos Locales, las familias y las empresas privadas generan un modelo a seguir para las ciudades en desarrollo.
En el siguiente enlace hablaremos sobre proyectos de vivienda social y el concepto de la vivienda social progresiva.
